Adrián Fernández / Madrid 

En 2020 los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos, lo que supone una media de 31 kilos por persona. Son cifras muy preocupantes que nos obligan a actuar lo antes posible. Precisamente con ese objetivo nace el nuevo proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y que persigue evitar este desperdicio alimentario obligando a las empresas destinadas a la cadena alimentaria a que cuenten con un plan de prevención. 

Sólo los comercios con menos de 1.300 metros cuadrados de superficie estarán exentos de aplicar esta medida. Se espera que, tras la tramitación parlamentaria, esta ley entre en vigor el 1 de enero de 2023. 

Con este plan de prevención, que se realiza a partir de un autodiagnóstico, sé deberán poner en marcha todas aquellas medidas que reduzcan las pérdidas de alimentos conforme a una jerarquía de usos. El primero de ellos será el consumo humano. Las empresas afectadas deberán priorizar la donación a entidades sociales sin ánimo de lucro de los alimentos que no se hayan vendido. 

En el segundo orden de prioridades se contempla la transformación de los alimentos que no se hayan vendido, pero que mantengan sus condiciones óptimas de consumo, en productos como zumos o mermeladas, entre otros. Por último, solo si los alimentos no sirven ni para consumo humano ni animal, los alimentos podrán que usarse como subproductos para otras industrias. En última instancia, se podrán usar como residuos, para la obtención de compost, biogás o combustibles. Asimismo, esta ley apela a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo a la jerarquía de prioridades de uso.

En el caso de la hostelería, deberán facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido. Los negocios tipo bufé tendrán que contar con envases que sean reutilizables o fácilmente reciclables. 

Multas de hasta 500.000 euros por no cumplir la ley 

El régimen sancionador prevé infracciones leves no aplicar la jerarquía de prioridades en el uso de los alimentos o que las industrias, empresas de distribución al por menor, de hostelería y restauración no lleven a cabo la donación de aquellos productos no vendidos que son aptos para el consumo humano a través de un pacto o convenio. Estas multas pueden alcanzar los 2.000 euros. 

Por su parte, se considera una falta grave no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, para la que prevé  sanciones que pueden oscilar entre 2.001 y 60.000 euros.

Se considerarán infracciones leves no aplicar la jerarquía de prioridades en el uso de los alimentos o que las industrias, empresas de distribución al por menor, de hostelería y restauración no lleven a cabo la donación de aquellos productos no vendidos que son aptos para el consumo humano a través de un pacto o convenio. Estas multas pueden alcanzar los 2.000 euros. 

En los casos más extremos, las infracciones muy graves, son sancionables con entre 60.001 y 500.000 euros de multa si la empresa es reincidente con sus actos.